Etcr Román Ruiz, adiós al laboratorio de paz del norte de Antioquia

Casi a las dos de la mañana del 14 de marzo, desde el Parque de los Deseos, en Medellín, una caravana salió acompañada por la Fuerza Pública. Eran dos buses y una decena de camionetas con casi cien personas. Su destino era el antiguo ETCR Román Ruiz en la vereda Santa Lucía del municipio de Ituango, donde hace 3 años llegaron -aún en armas- 178 guerrilleros y guerrilleras del entonces Frente 18 de las Farc. Junto a más de 20 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Santa Lucía era el territorio donde los firmantes de la paz aspiraban a volver a la vida civil como campesinos: junto a sus gallinas, sus montañas y sus lucha política ahora desde la legalidad.

En Ituango, sin embargo, el sueño de reincorporación está a punto de desvanecerse por completo.Y ante la crisis que viven el colectivo de Farc y las comunidades campesinas, un grupo de ciudadanos, organizaciones y colectivos decidieron visitar directamente la vereda en una caravana humanitaria para respaldar la paz.

Luego de seis horas de viaje hacia el extremo norte de Antioquia apenas alcanzábamos un poco más de la mitad del camino. Quienes temprano se habían levantado en el casco urbano de Ituango salían a las puertas y balcones de sus casas y negocios para mirar con inquietud el desfile de vehículos que ahora llegaba al parque principal para recargar energías y continuar el camino otras cuatro horas al interior del municipio hasta Santa Lucía.

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A este lugar, en el corazón del Nudo de Paramillo, llegaron desde finales de 2016 los aún combatientes que operaban en el Sur de Córdoba, y Valdivia, Taraza e Ituango, Antioquia. La decisión de establecerse en lugares apartados del departamento obedeció no solo a la necesidad de seguir perteneciendo a la comunidad en la cual operaron y de la que sienten miembros, sino a hacerle un llamado al Estado para que llegue con oportunidades y bienestar a zonas que históricamente han sido marginadas.

Sin embargo, luego de más de tres años de estar allí el Estado aún no logra garantizar ni la seguridad de las comunidades ni la reincorporación a los ex combatientes. Con la presencia de grupos ilegales de todo tipo (disidencias de Farc, autodefensas gaitanistas y grupos armados organizados como Los Caparros) la Fuerza Pública no tiene dominio territorial, a pesar de que Policía, Ejército y las nuevas unidades creadas especialmente por el Acuerdo de Paz (ejemplo, la Unipep) tienen un despliegue territorial importante allí.

También la Misión de Verificación de Naciones Unidas con su personal hace presencia en la zona desde la puesta en marcha del Acuerdo, año a año con menos protagonismo. Tanto ellos como motorizados de la Policía acompañaron la Caravana desde Medellín, por solicitud del Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Desde el casco urbano hasta Santa Lucía recorrimos 30 kilómetros por una carretera destapada, curveada, angosta y polvorienta que tiene constante flujo de transporte en ‘chivas escalera’. Cuando se cruzaba la chiva de la caravana con otras que salían de la vereda, además de orillarse para el paso, era inevitable el cruce de miradas, los campesinos daban una ojeada seria y rápida a la caravana; luego apartaban la mirada y algunos sonreían.

Hacia la mitad del trayecto vimos en letras rojas “Agc precente” (sic) sobre las tablas de una improvisada caseta a la orilla del camino. Este grafiti y la presencia de hombres armados en las zonas alejadas a la carretera, los combates, los homicidios y amenazas evidencian no solo la presencia y disputa de parte de muchos sectores ilegales, sino la falta de protección a los campesinos de Ituango que -pese al abundante despliegue de la Séptima División del Ejército y su Cuarta Brigada- han quedado a merced de los grupos ilegales.

Tras la dejación de armas de parte de Farc, la violencia mostró -una vez más- una de sus peores caras en Ituango. Otros grupos armados empezaron a avanzar y disputarse esta esquina del Nudo del Paramillo -estratégico no solo por su conexión con la costa Caribe, el Bajo Cauca y el centro del país, sino por los cultivos de coca y la minería. Tras vivir días de tranquilidad y festejo porque las Farc callaron sus fusiles.

En 2018 Ituango llegó a ser el muncipio con más asesinatos en Antioquia con una tasa de 306 homicidios por cada cien mil habitantes. En 2019, fueron 41 las personas asesinadas en el municipio. Y ante el riesgo y ataques permanentes para la población civil, la Defensoría del Pueblo emitió dos alertas tempranas recientemente: La 994 de 2020 y la 029 de 2019. El seguimiento logrado por el SAT (Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría) en los últimos dos años, según relata la institución, da cuenta de la exacerbación del escenario de riesgo para la población civil.

Además, desde que dejaron las armas en 2016, en Ituango han asesinados 12 exguerrilleros, de los más de 180 en todo el país, poniendo a este codiciado municipio en un trágico primer lugar de firmantes de paz víctimas de homicidio. El último de ellos era César Darío Herrera, a quien asesinaron de varios disparos el pasado 28 de enero, en la misma vía destapada por donde la Caravana Humanitaria se abrió paso el 14 de marzo pasado.

Tras el asesinato de César, justo en momentos en que se desarrollaba una asamblea de los reincorporados para discutir si se quedaban en el Etcr o buscaban un traslado. El colectivo tomó la decisión de abandonar la zona ante la falta de garantías de seguridad. Además, persiste allí el problema de los otros Etcr, como falta de tierras y escaso apoyo a proyectos productivos colectivos. Por esta decisión y ante el miedo no solo de ex combatientes sino de los campesinos en todo Ituango (en febrero más de 800 se desplazaron al casco urbano por presencia de armados y amenazas), la sociedad civil antioqueña decidió promover esta Caravana Humanitaria. 

Al llegar la Caravana el espacio parecía reconfortante, se llenó de personas de Ongs, de algunos pobladores del sector, de muchos niños y por supuesto de los excombatientes. Pero al adentrarse en el Etcr la imagen cambió. Muchos módulos prefabricados en los que vivían los exguerrilleros ahora se encuentran abandonados, otros no lucen enteramente vacíos porque en ellos quedaron algunos enseres, ollas, implementos de aseo, zapatos de niños y sábanas, tal vez porque algunos tienen la esperanza de que algo se solucione y puedan retornar o simplemente salieron de afán, con pocas cosas, dejando pedacitos de sueños en ese lugar.

La imagen del Etcr ha cambiado drásticamente, a las estructuras se les nota el paso del tiempo y la salida masiva aparece como un duro revés al proceso de paz. Ahora, quienes venían desde Medellín estaban allí para escuchar y acompañar a quienes a pesar del miedo y la incertidumbre decidieron continuar en la zona sobre todo empeñados en sacar adelante las iniciativas productivas en las que se han invertido más de 700 millones de pesos.

“Aquí no nos podemos quedar más”

Un par de horas luego de la llegada de la caravana humanitaria y ante la ausencia de la Comisión de Paz del Congreso que había confirmado su asistencia a la zona pero que no logró llegar porque el helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana que los iba a transportar desde Medellín hasta Santa Lucía fue enviado por el presidente Iván Duque a la frontera con Venezuela, los visitantes iniciaron una asamblea para escuchar a los miembros de Farc y a la escasa comunidad presente de la vereda. Muchos campesinos se negaron a acudir al Etcr por temor a ser señalados y atacados por los grupos armados en la zona.

“La comunidad tenía mucha expectativa con la comisión del congreso y su ausencia desmotivó mucho a todos porque aquí hay una preocupación grave sobre las garantías de seguridad, tanto para las comunidades como para los excombatientes de Farc”, aseguró Luz Nelly Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación, una de las entidades organizadoras de la caravana.

A pesar del hecho se realizó el evento y entre las muchas voces y peticiones que se escucharon resonaba constantemente la necesidad de protección a toda esa zona del Nudo de Paramillo de Ituango. “Vamos a salir así nos toque dormir en carpas y en el suelo, aquí no nos podemos quedar más”, nos dijo Amanda Callejas, ex combatiente que habita aún en Santa Lucía y que, junto a sus hijos, espera que el colectivo encuentre la mejor tierra y la mejor opción para continuar su reincorporación.

“Si el esquema de seguridad que la fuerza pública montó hoy para que la caravana viniera lo dejaran acompañándonos aquí todos los días nadie se tendría que ir, pero ellos y ustedes se van y nosotros quedamos de nuevo con miedo a merced de los que nos quieren asesinar”, aseguró Amanda, quien participa del proyecto productivo de ganadería (el más grande y costoso que adelantan allí) y aún no sabe qué va a pasar con sus vacas cuando se vaya. “Que nos vamos a ir desplazados es seguro, porque esa es la única opción, vamos a salir así nos toque dormir en plásticos y en el suelo, aquí no nos podemos quedar más”, añadió una mujer con la convicción de que la paz es la salida y negándose a volver a las armas como muchos de sus ex compañeros lo han hecho ante las dificultades, incumplimientos del Estado y asesinatos.

Entre las respuestas del Estado ante la crisis en Santa Lucía, se enviaron unidades de UNP en un esquema de emergencia. También se hicieron reuniones con la SAE (Sociedad de Acivos Especiales) que ofertó varias tierras en su poder las cuales el colectivo está visitando para conocer y tomar una decisión. Sin embargo, la respuesta del Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, desconcertó a más de uno. Archila aseguró que, lamentablemente, el gobierno había advertido ya a Farc que en este territorio no habría garantías para su reincorporación. Es decir, que aceptó y aseguró públicamente la incapacidad del Estado para tener control en zonas como esta. Y, según defensores del acuerdo de paz, declaró así también una negligencia de este gobierno a realizar los esfuerzos y obligaciones de Ley para ofrecer dichas garantías. “O sea, Archila deja claro que el Estado no puede y no quiere”, dijo un ex comandante de Farc en medio de la asamblea.

A principios de febrero se realizó una reunión entre la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN) y la comunidad de Farc de Santa Lucía. En ella se definió la creación de algunas comisiones conjuntas para establecer un nuevo predio a donde llegarán quienes decidieron salir de la vereda, la evaluación de la continuidad de los proyectos productivos y la elaboración de un censo para identificar la totalidad de personas tanto salientes como quienes permanecen en la zona.

Gustavo López, conocido como ‘Agustín’, uno de los líderes de este antiguo Etcr, nos explicó que las comisiones han venido trabajando a buen ritmo.

“Hemos visitado algunos predios en Santo Domingo, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, San Pedro y San Carlos, pero a la mayoría de ellos no nos acomodamos sobre todo por su extensión. Allí no podríamos desarrollar los proyectos de vivienda ni productivos”, comentó López.

En cuanto al censo, si bien todavía no está cerrado definitivamente, ya se entregó un primer reporte a la ARN de cerca de 120 personas de 60 familias que salen de Santa Lucía muchas de las cuales están actualmente en Medellín a la espera de la definición del nuevo espacio al que irían. Un grupo de 20 personas decidió quedarse principalmente por la protección y cuidado de los cinco proyectos productivos colectivos que, por esfuerzos propios en su mayoría y con apoyo de particulares, han logrado adelantar: Café Paramillo, proyecto avícola y cultivo de fríjol son los proyectos propios y sin apoyo de gobierno. Internet por fibra óptica y ganadería multipropósito recibieron el desembolso de la renta única de parte del gobierno; y otros como los cerdos y cultivos de verduras son iniciativas individuales que tienden a desaparecer.

“Mientras existan posibilidades de trabajar estaremos aquí en el territorio” nos dijo Oleander Granda, uno de los pocos ex combatientes que tomó la decisión de permanecer en el territorio a pesar de todo. “Ante la salida de muchos compañeros con sus familias invitaremos a personas de veredas aledañas para que vengan a ocupar esta zona y a participar de los proyectos productivos en los que se han visto un poco excluidos por parte del Estado”, aseguró diciendo que muchos medios vendieron este evento como el último de las Farc en este territorio, pero “hoy queremos decir que no es el último; que es el primero de muchos en el que esperamos la participación de la sociedad civil para que apoye este proceso y exija el cumplimiento de los acuerdos de paz”.

En la asamblea, miembros de Farc en Santa Lucía compartieron una carta abierta en el que propusieron un camino tanto para la población reincorporada que se queda en Santa Lucía como para quienes optaron por salir. Que continúe el acompañamiento de las entidades gubernamentales e internacionales al proceso; que el espacio en el que está el antiguo Etcr sea donado a la comunidad de la vereda; que se agilice la consecución del nuevo predio y sea adjudicado a los ex guerrilleros; y que se garanticen todos los aspectos logísticos para un adecuado traslado, fueron algunos de los puntos de la misiva.

La lluvia acompañó buena parte de la tarde y la noche. La quebrada Santa Lucía que atraviesa el Espacio Territorial se escuchó bajar con fuerza. Hizo frío. Los visitantes de la Caravana entonaron guitarra, otros jugaron billar y los ex combatientes -todavía en duelo- saludaron la iniciativa y compartieron con los visitante. Saben que son pocas las noches que les quedan al arrullo de estas aguas, mientras esperan el momento de la salida sin saber aún hacia dónde van.

“Qué salga la gente de acá es una derrota, no es posible pedirle a todo el mundo que se sacrifique y se quede. Esto ya no se resuelve firmando pactos, ni con acciones jurídicas, solo con movilización social. Por eso insistimos en que no nos abandonen, vuelvan, no nos dejen solos, hagan más caravanas, aunque sea solo para saludar porque de verdad los necesitamos a todos”, dijo Amanda Callejas quien, tras 20 años en la guerra, cumple su palabra de no volver a las armas poniendo su esperanza en la gente.

Fotos: Cortesía Yenifer Yepes e Hijos del Posconflicto.