Aunque mantienen su esperanza intacta a punto de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, las víctimas de La Escombrera parecen haber quedado solas por parte del Estado colombiano. Ni Fiscalía ni Ministerio del Interior ofrecen respuestas sobre porqué no comienza el Plan de Búsqueda pactado por todos en 2015, incluso la Alcaldía de Medellín, y que en 2016 no ha dado ni un paso. Mujeres que buscan sus maridos, padres, hermanos y amigos desaparecidos a manos de paramilitares durante y después de la Operación Orión, se abrazan en una lucha que cada vez se pone más dura.
En cuclillas, bajo el cielo de un diciembre soleado y ardiente, Katerine araña la tierra en las esquinas del primer polígono excavado por la Fiscalía en la llamada Escombrera. Allí comenzó el intento por dar con los cuerpos de unas 300 personas que, según denuncia la comunidad desde el año 2002, han sido desaparecidas y enterradas en esta montaña de 5 millones de metros cúbicos de tierra que aún hoy sigue creciendo.
Tres meses después, Kate, quien busca a su papá arrebatado por encapuchados paramilitares mientras conducía un bus de servicio público en las lomas de la Comuna 13, sigue ansiosa ante el anuncio de las excavaciones en el siguiente polígono. Aún no se sabe cuándo se retomará el proceso de Prospección Arqueológica en la zona, ni se conocen los avances este año del Plan de Búsqueda de Desaparecidos pactado por la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas y las autoridades locales como una de las exigencias de las mujeres que lucharon por más de diez años para excavar La Escombrera.
“El 15 de diciembre pasado nos reunimos con Alcaldía y Fiscalía y acordamos que el proceso continuaba. Así también lo manifestó el nuevo Alcalde de Medellín. SIn embargo, no hemos podido concretar ninguna reunión. Hicimos un derecho de petición a la directora nacional de articulación de fiscalías y no nos han dado respuesta”, explica la abogada representante de las víctimas Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad.
Generación Paz intentó obtener la versión de la Fiscalía General de la Nación para conocer porqué aún nos retoman los trabajos de búsqueda en La Escombrera, que el año pasado se anunció con sendo despliegue mediático y que, en lo que va de 2016, no ha tenido avance alguno. La Oficina de Prensa informó a Generación Paz que Catherine Hyeck, directora de articulación de Fiscalías quien lideró la búsqueda el año anterior, fue cambiada de cargo, y que a la fecha el nuevo director no está dando declaraciones públicas. Luz Elena Galeano, de Mujeres Caminando por la Verdad, quien busca a su esposo Luis Javier Laverde, dice que ella y las demas mujeres siguen esperanzadas en que se retomen las actividades pronto. Y que han estado a la espera también de una reunión con el Ministerio del Interior. Entre tanto, Fiscalía también dice estar atenta a la misma reunión que no se programa todavía.
“Viendo esta situación le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el periodo de sesiones de abril nos diera una audiencia para tratar las desapariciones forzadas en la Comuna 13. Estaremos en Washington hacia 3 de abril aproximadamente, en esa audiencia estaremos con las víctimas y la Comisión ya le notificó al gobierno de dicha audiencia”, quien detalló en exclusiva para este medio que “no se debe buscar solo en la Escombrera de la Arenera sino que el Plan de Búsqueda debe obedecer a una investigación preliminar. También hay que buscar en otros lugares que han sido mencionados por víctimas, por victimarios, por investigaciones que hay en la zona. Otros sitios en la Comuna, en el corregimiento de San Cristóbal, en Altavista, y también en cementerios. Además hemos pedido que se avance en la identificación. Sabemos que hay unos cuerpos que se han recuperado en exhumaciones en la Comuna y están sin identificar y creemos que en eso se tiene que avanzar”. Arboleda, quien acaba de regresar de la Mesa de Conversaciones del Proceso de Paz en La Habana, Cuba, asegura además que la exigencia de las víctimas es que “todo esto de la Comuna 13 debe articularse al Acuerdo 062 de La Habana, ese acuerdo prevé medidas inmediatas y también acciones de articulación. Y creemos que el gobierno deberá diseñar con nosotros cronogramas y mecanismos que nos permitan avanzar sin que dependamos cada año de recursos para un solo lugar”.
En contacto con el Ministerio del Interior y la asistente de María Paulina Riveros, plenipotenciaria en el Proceso de Paz quien tiene a cargo el tema desaparecidos pactado en la isla, la funcionaria Marta Elena Cabrera aseguró que la Dirección de Derechos Humanos no está adelantando ninguna tarea relacionada con La Escombrera. Después de varias llamadas para verificar la información, Martínez le dijo a Generación Paz: “Te lo aseguro, una y otra vez, no estamos trabajando nada nada en La Escombrera. Te enviaremos el informe de Cementerios y búsqueda que estamos trabajando y verás, no hay nada nada de La Escombrera”. El archivo mencionado se refiere solamente al proyecto ‘Búsqueda de personas no identificadas en cementerios”, iniciativa de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Actualizados sobre esta novedad, la oficina de Prensa del Ministerio recomendó entrevistar a la funcionaria Bibiana Ferro quien, según ellos sí tiene a cargo el tema Escombrera. También las víctimas coincidieron en que la doctora Ferro está al frente por parte de esa cartera pública. Sin embargo, fue imposible obtener sus explicaciones pese a múltiples mails, llamadas y mensajes de chat durante tres semanas, los cuales no tienen ninguna respuesta hasta ahora.
Por otra parte, Generación Paz pudo conocer que a las Mujeres Caminando por la Verdad, la Obra Social Madre Laura y la Corporación Jurídica Libertad, defensores de Derechos Humanos que respaldan la lucha de las víctimas, les preocupa que se sigan destapando minúsculos terrenos de 21 mil metros cúbicos entre toneladas de tierra y basura, sin mayores certezas que las palabras de los victimarios que, si bien, son una versión para tener en cuenta, deja de lado la investigación rigurosa que incluya las voces de la comunidad.
En la 13 se dice, por ejemplo, que la escombrera contigua administrada por Bioparques SA y que continúa en funcionamiento a pesar del clamor de las víctimas. Es el lugar donde más gente se enterraba en los años que siguieron las operaciones militares de 2002 y en los cuales se consolidó la fuerza paramilitar en esta zona de Medellín, corredor estratégico de armas y cocaína al golfo de Urabá, es decir, a Panamá, México, y el resto del mundo por la vía del Mar Atlántico.
La primera fase de excavaciones, que comenzó el pasado 5 de agosto en la zona La Arenera, culminó sin hallazgos de cuerpos humanos. Ese Polígono 1 se abrió gracias a testimonios de un expara, que hoy está en la cárcel de La Picota y que confirmó lo que madres, hermanas, sacerdotes y defensores de Derechos Humanos gritan desde la Operación Orión: que los soldados del Bloque Cacique Nutibara recibieron la orden de tomarse la Comuna en apoyo a la Policía y al Ejército, con quienes planearon y ejecutaron juntos Orión, tal como lo afirmó Don Berna desde una cárcel de Estados Unidos. Que la orden fue buscar en casas, iglesias, escuelas y sedes comunales a los que otros señalaban de milicianos, y a quienes denunciaban los atropellos de la Fuerza Pública que con el rostro cubierto -como lo muestran las fotos logradas por Jesús Abad Colorado- detenían a las personas sin orden de captura ni justificación alguna. El fin era llevarlos a la parte más alta de la Comuna, donde termina la ciudad y empieza la despoblada zona rural, entonces un campo abierto lleno de lagunas, para torturarlos, asesinarlos, descuartizarlos y enterrarlos. Sí, allí donde empresarios privados comenzaron a arrojar “escombros” levantando la mayor montaña de vergüenza e impunidad en este país, y esta ciudad que repite a todas voces sus títulos de “más innovadora”, “pujante” y “amable”.
El testimonio de Juan Carlos Villada, alias móvil 8, exparamilitar que pertenecía al Bloque Cacique Nutibara, sirvió de base para emprender la búsqueda: en una de sus versiones declaraba que más de 300 cuerpos yacen en este lugar de la Comuna que limita con el corregimiento de San Cristóbal. En los últimos años, cerca de la zona se han hallado otras fosas comunes y cuerpos enterrados que responden a una práctica sistemática que desarrollaron los paramilitares y que tuvo su auge a partir de los operativos militares ordenados por Álvaro Uribe Vélez en la Comuna 1, con el argumento de retomar el territorio que estaba en manos de guerrillas, asentadas allí décadas atrás en medio de la ausencia total del Estado.
Por el horror vivido en esos años oscuros que la Comuna supo resistir gracias al arte, al rap, a las plantas, al tejido, al cine y la memoria, y las denuncias incansables durante más de 10 años por parte de las ongs de Medellín y las Mujeres Caminando por la Verdad, fue que el anuncio del inicio de las excavaciones en julio del año pasado fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. El Polígono 1 sembró enormes expectativas y propició la comunión de las víctimas con la ciudad y el mundo que se solidarizó con ellas, quienes instalaron un campamento permanente para observar las excavaciones y, entre tanto, recordar la vida de sus seres amados, fortalecer la lucha colectiva, y abrazarse en el dolor y la esperanza que cada día se mezclaron en lo más alto de la 13.
El 16 de diciembre, cuando se detuvieron las excavaciones y oficialmente se declaró que no hubo hallazgos de personas en este primer orificio abierto, las mujeres, como antes, se abrazaban y sollozaban. Otras como la hermana Rosa Cadavid quien fue la primera en acogerlas en ese oscuro 2002, las invitaba a no desfallecer y seguir la lucha, mantener la fe. Pero Katerine no escuchaba palabras. Alejada del grupo, con un objeto diminuto, con sus propias manos, escarbaba por sí misma las paredes del hueco de 20 metros de profundidad donde ese día despedía la ilusión de encontrarse con papá en el Polígono 1.
Este año, con el aliento de las Mujeres Caminando por la Verdad que hoy son un ejemplo de resistencia pacífica y defensa de los Derechos Humanos en el mundo entero, Kate ha continuado su proyecto de vida en búsqueda de trabajo y formación académica, mientras participa de las reuniones que las distintas instituciones programan para explicarles en qué van las promesas de excavaciones para este año.
Frente al inicio de la segunda fase, los familiares de víctimas de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos siguen a la espera de concretar un encuentro con el Ministerio del Interior, la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para definir el plan de trabajo durante este año. La anterior administración municipal, en testimonio de Jorge Mejía consejero de convivencia, aseguró antes de terminar su periodo que dejaba 700 millones de pesos para la continuidad del Proceso La Escombrera en 2016. El actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha dicho que su administración sí apoyará las excavaciones, pero aún no se anuncia cuándo ni con qué presupuesto y demás recursos.
Hoy, como el año pasado, las víctimas demandan que para iniciar las excavaciones se investiguen a profundidad los hechos y se tomen los testimonios de diversas fuentes, no sólo de alias Móvil 8, sino de habitantes del sector, familiares de las víctimas, los empresarios y empleados de Bioparques S.A y Agregados San Javier, y otros actores de la guerra en ese momento y en la actualidad. Y por qué no, que se llame a declarar al General Mario Montoya y el Coronel Leonardo Gallego de la Policía, quienes comandaban la IV Brigada y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, respectivamente, y fueron los responsables de las órdenes y ejecuciones de las mismas durante Orión y las demás operaciones militares que humillaron a la población civil. Otra voz importante es la del actual Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, entonces Alcalde de Medellín que como primera autoridad de la ciudad permitió la más cruenta violación de Derechos Humanos, pese a las evidencias que circulaban en medios de comunicación y las denuncias de las víctimas y defensores de Derechos Humanos que, a causa de las mismas, después fueron asesinados como Teresa Yarce y el Padre José Luis Arroyave qepd.
También hoy, las víctimas de la Escombrera exigen que se garantice la sostenibilidad del proceso, desarrollando a cabalidad el Plan Integral de Búsqueda para buscar a los desaparecidos en otras zonas señaladas como fosas comunes en la ciudad y que este trabajo se articule con el Acuerdo 62 del Proceso de Paz. Este Acuerdo fue firmado en La Habana en relación con la búsqueda de desaparecidos en Colombia de cara, también, a la creación de una política pública sobre el tema.
“Qué rico que estuvieras acá, mi viejo, Édgar López”, le dice Kate a su padre en las redes sociales cada noche, antes de dormir. Contar con apoyo para realizar sus sueños -un trabajo, la universidad, un negocio- es, en lo más íntimo, lo que anhelan esta muchacha y otras mujeres de La Escombrera. Encontrar a sus seres amados y todos los hombres y mujeres desaparecidos en Colombia en más de medio siglo de guerra es la apuesta de este grupo que cada día le enseña al mundo el significado de la palabra dignidad.
Adriana Arboleda concluye que “se tiene que implementar el plan de búsqueda, se tiene que implementar y tienen que haber recursos para ello. No puede ser que dependamos cada año de recursos para un solo lugar”. Entre tanto, en las delegaciones de la Mesa de Conversaciones valoran el paso de las víctimas de La Escombrera por La Habana, mientras a su regreso a Colombia éstas siguen sin respuestas.