JEP

I

-  Desde diciembre de 2019 se han registrado 80 hallazgos en el cementerio Las Mercedes.  

- Cinco víctimas fueron plenamente identificadas y entregadas de manera digna a sus familias.  

- La Sala de Reconocimiento llamará a rendir versión a nuevos vinculados al caso Dabeiba, a partir de los aportes a la verdad que han entregado comparecientes.  

En un encuentro con la fotografía, el relato y la memoria, luego de 20 años de haber sucedido la masacre de seis niños en el municipio de Pueblo Rico, Suroeste de Antioquia, el 15 de agosto de 2000 a manos del Ejército de Colombia, un grupo de estudiantes del pregrado en Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, seccional Andes, y yo, su profesora, decidimos recorrer los caminos, la escuela, las casas y visitar a las familias en la vereda La Pica, donde ocurrieron los hechos, para narrar a través de la fotografía, en el hoy, un proceso de memoria y resiliencia sobre el fatídico hecho e

 Dabeiba, Antioquia, 17 de febrero de 2020. Este lunes, la Jurisdicción Especial para la Paz le entregó a sus familiares, en Dabeiba (Antioquia), el cuerpo del joven Edison Lexander Lezcano Hurtado, cuyos restos habían sido exhumados del cementerio de este municipio en una diligencia realizada por la Jurisdicción en diciembre pasado.

Lezcano Hurtado tenía 23 años de edad, era padre de tres hijos y se desempeñaba como agricultor en zona rural de Dabeiba cuando fue muerto por integrantes del Ejército Nacional.

Por: Carlos Olimpo Restrepo S.
Foto: Juan David Tamayo

La investigación sobre los patrones de criminalidad de los actores armados que, durante casi dos décadas, ha desarrollado Timisay Monsalve Vargas, ha hecho que la antropóloga sea reconocida como una de las autoridades académicas en este campo, en los diferentes momentos y conflictos que ocurren en la geografía nacional.

Isabel Zuleta es socióloga e investigadora que por años ha estudiado y analizado las problemáticas que ha generado la construcción del proyecto Hidroituango. Como vocera de Ríos Vivos, asociación que agremia a organizaciones campesinas y víctimas, levantó una voz de protesta en contra del megaproyecto, hoy investigado por posibles irregularidades en su construcción, daños sociales y ambientales, incumplimiento de contratos y por no escuchar las demandas de las familias afectadas por el conflicto armado.

A finales de 2018, la OEI  suscribió un convenio con la JEP para “Brindar asistencia técnica y cooperación a la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el desarrollo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD)" gestionando la disponibilidad del equipo de profesionales encargados de asistir y representar a los exintegrantes de FARC que comparezcan a la Jurisdicción. Dicho Convenio y uno más firmado como Convenio 196 de 2019 ratifican el compromiso que tiene el organismo con la búsqueda de una paz estable y duradera y que corresponde con la solicitud explicita en el acuerdo de paz.

Sin mostrar prueba alguna, la Unidad de Investigaciones de la JEP anunció esta mañana  su solicitud de excluir a Omaira Rojas "Sonia" de la JEP, según ellos "luego del anuncio público de su intención de retomar las armas y alzarse en contra del régimen constitucional y legal vigente en el video de agosto pasado (el de Iván Márquez)".

Un niño en brazos de varios adultos llora, gime, parece implorar ayuda. Stiven publica la imagen en redes. "Este soy yo hace 17 años", explica desde su cuenta de twitter y agrega que de esa horrible fecha le quedaron varias discapacidades. Pero no quiere ahondar en el tema. El hoy joven Stiven es una de las miles de víctimas de la Operación Orión que se realizó el 16 y 17 de octubre ​de 2002 ​en la Comuna 13 de Medellín por parte del Ejército y, como se supo tras la extradición de alias Don Berna, también con participación de paramilitares.

La Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación presentaron un balance de las solicitudes de sometimiento ante la JEP de terceros civiles y de agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública que se presentaron hasta el pasado 6 de septiembre, fecha límite que había puesto la Ley Estatutaria de la JEP.

De acuerdo con la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, se reportan “657 solicitudes de sometimiento, 540 de ellas de terceros y 117 de agentes del Estado no miembros de la fuerza pública”.